Paysandú enfrenta una ola de estafas digitales que supera la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Paysandú atraviesa una situación preocupante vinculada al crecimiento sostenido del delito de estafa, una modalidad delictiva que ha ganado terreno en todo el país, en especial durante la última década. A diferencia de otros crímenes asociados a la violencia directa, las estafas se caracterizan por su discreción, operando muchas veces desde la virtualidad, mediante el uso de mensajes engañosos, llamados telefónicos o publicaciones en redes sociales. Esta expansión silenciosa ha convertido a la estafa en uno de los delitos más comunes en Uruguay, afectando a personas de todas las edades y niveles socioeconómicos.
El delito, definido en el artículo 347 del Código Penal, implica la obtención de un beneficio económico mediante el uso del engaño o el abuso de confianza, provocando un perjuicio a la víctima. Lo particular de esta modalidad es que no requiere contacto físico, ni amenazas, ni armas. En su mayoría, los estafadores operan desde la distancia, muchas veces utilizando identidades falsas o suplantando a figuras institucionales para generar confianza. El impacto económico y emocional en las víctimas suele ser profundo, aunque muchas veces invisibilizado.
Paysandú, en el foco de una problemática nacional
Según datos del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, Paysandú se encuentra entre los departamentos con tasas consistentemente altas de denuncias por estafa entre los años 2019 y 2024. Aunque no lidera el ranking nacional, su situación evidencia un problema estructural que afecta de forma significativa a la región. Departamentos como Rivera, Salto, Canelones y Rocha también muestran un crecimiento preocupante, siendo este último el que presenta actualmente la tasa más elevada del país.
En Paysandú, los testimonios de vecinos afectados son numerosos. Los casos abarcan desde intentos de compra fallidos en redes sociales, hasta estafas vinculadas a falsas inversiones o supuestos procedimientos judiciales urgentes, comunicados telefónicamente por delincuentes que se hacen pasar por funcionarios públicos. Estas estrategias aprovechan la brecha digital, la falta de conocimientos técnicos y la buena fe de las personas. Las víctimas, por miedo, vergüenza o desconocimiento, muchas veces no formalizan una denuncia, lo que impide dimensionar la magnitud real del problema.
Auge tecnológico y estallido de casos
Entre 2013 y 2024, el crecimiento de las denuncias por estafa en Uruguay ha sido explosivo: más de un 2.000% de aumento, con una tasa actual de 870,5 denuncias por cada 100.000 habitantes. Este fenómeno se intensificó especialmente durante la pandemia de COVID-19, que impulsó la digitalización de actividades cotidianas, desde el trabajo hasta las compras y el entretenimiento. Las redes sociales y las plataformas de compraventa se convirtieron en terreno fértil para el accionar delictivo.
En el segundo semestre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística estimó que en Uruguay se cometieron unas 26.900 estafas mensuales, de las cuales apenas un 11,7% fue denunciado formalmente. Esto demuestra una cifra oculta alarmante que multiplica el impacto real de este delito. El grupo etario más afectado se encuentra entre los 26 y 55 años, con una victimización más alta entre las mujeres.
Un caso paradigmático en Paysandú es el de una mujer de 38 años que perdió 6.000 pesos al intentar comprar una bicicleta por WhatsApp. “Me sentí tan tonta que no lo quise contar ni a mi familia”, declaró. Este testimonio refleja una realidad extendida: la percepción de ingenuidad inhibe la denuncia, lo que favorece la impunidad de los delincuentes.
El jefe de Policía de Paysandú, comisario general Alejandro Sánchez, reconoció que la pandemia funcionó como un catalizador para el aumento de estos delitos, al forzar una transición acelerada hacia la virtualidad. Asimismo, destacó la importancia de estar atentos a publicaciones tentadoras que no ofrecen garantías claras, como ofertas de vehículos a precios sospechosamente bajos en plataformas como MarketPlace. Sánchez subrayó la necesidad de denunciar este tipo de maniobras y adoptar una actitud crítica ante propuestas que aparentan ser demasiado buenas para ser ciertas.
Una Justicia con recursos limitados
La expansión de las estafas ha desbordado al sistema judicial uruguayo. De acuerdo con el informe de AECA, en 2024 se registraron solo 1,5 imputaciones por cada 100 denuncias de estafa, lo que evidencia una brecha significativa entre la cantidad de hechos delictivos y la capacidad del sistema para procesarlos y sancionarlos.
Las causas de esta baja tasa de resolución son múltiples. Muchas estafas se originan fuera del país o desde otros departamentos, dificultando la identificación de los autores. Además, la ausencia de pruebas físicas, la virtualidad de las interacciones y el uso de tecnologías que dificultan el rastreo complica el trabajo policial. Como consecuencia, la mayoría de los expedientes quedan sin resolución, y el delito continúa replicándose.
A diferencia de lo que ocurre con otros delitos, en el caso de las estafas, una proporción considerable de los imputados son mujeres: el 35,7%. También se destaca que los estafadores suelen ser más jóvenes que sus víctimas, con una edad promedio de entre 31 y 33 años. En cambio, las personas estafadas en Montevideo suelen tener más de 45 años, mientras que en el interior del país –como Paysandú– rondan entre los 41 y 45 años.
La necesidad urgente de prevención
La realidad que vive Paysandú no es aislada, pero su persistencia y crecimiento apuntan a una necesidad urgente de acciones locales. Entre ellas se destacan la implementación de campañas de prevención, la promoción de la alfabetización digital en todos los niveles y la creación de canales de denuncia accesibles que brinden contención a las víctimas.
La experiencia de Paysandú sirve como un ejemplo de cómo la modernización tecnológica puede volverse un arma de doble filo si no se acompaña de educación, regulación y respaldo institucional. Frente a una forma de delito que no respeta fronteras ni edades, el conocimiento, la prevención y la denuncia siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir su impacto. La tarea es conjunta: autoridades, ciudadanía, instituciones educativas y medios de comunicación deben unirse para enfrentar este fenómeno que, aunque no deje heridas físicas, puede destruir economías personales y erosionar la confianza social.
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